CRISIS
ECONOMICA +DESAHUCIOS + BANCO MALO +LEY HIPOTECARIA = SUICIDIOS?
Cuando nos referimos a suicidios por desahucio en España hablamos del suicidio llevado a
cabo por ciudadanos y ciudadanas que despojados junto a sus familias de sus
viviendas tras el proceso de desahucio o ejecución forzosa de desalojo, por
impago de cuotas hipotecarias o de alquiler, no encuentran otra salida al
quedar literalmente tirados en la calle.
Desde que empezó la crisis económica (2007)
los desahucios en España se cifran en unos 400.000: 517 cada día en el primer
trimestre de 2012.
Según los datos de la Organización Stop Desahucios integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde 2010 el 34% de los
suicidios en España estarían causados por los desahucios, convirtiéndose en la
primera causa de muerte violenta por delante de los accidentes de tráfico.
La pobreza, el desempleo y la perdida de la
vivienda son algunas de las causas que han contribuido a un aumento previsible
de las cifras en 2011 y que en 2010 fueron 3.145.
Los casos conocidos recientemente a través de
la prensa son los únicos que han visto la luz y no han quedado silenciados: al
parecer desde 2010 el Instituto Nacional
de Estadística (INE) ha dejado
de reflejar los datos de suicidios registrados en España en los informes que
publica periodicamente.
Los expertos coinciden en que la causa
principal de la crisis económica ha sido la denominada burbuja inmobiliaria (sobre tasación de los bienes inmuebles y
concesión indiscriminada de créditos hipotecarios).
Los efectos más inmediatos de esta crisis,
incremento del desempleo (25%) y recortes en el subsidio por desempleo y ayudas
sociales se conocen como genocidio
financiero.
Los responsables directos son las entidades
bancarias y cajas de ahorro (ejecutan los desahucios) y los últimos gobiernos
que han permitido de una forma u otra la creación y el mantenimiento de la
burbuja inmobiliaria. Cabe recordar que las entidades bancarias y las cajas de
ahorro implicadas en el proceso, han sido rescatadas tras el desastre, con
dinero público, el dinero del pueblo.
Contrariamente a lo que los culpables
califican como “vivir por encima de
nuestras posibilidades” algunos de los fallecidos y de las fallecidas,
solicitaron un préstamo bancario no para adquirir una primera vivienda sino para
poner en marcha un negocio y otros simplemente se vieron fuera del sistema por
no pagar el alquiler.
El primer caso, del que la prensa no informó
a pesar de que más de un centenar de personas fueron testigos del suceso, fue
el suicidio el 7-7-2012, de Isabel,
discapacitada malagueña de 56 años que se arrojó a la calle desde el piso 11
del edificio en el que vivía.
Pero no fue hasta octubre de 2012 cuando se
empezó a informar sobre estas muertes.
23-10-2012
(Las Palmas de Gran Canaria).- Un
joven se arroja por uno de los puentes de Lomo Apolinario después de perder su
trabajo al mismo tiempo que el banco le comunica el desahucio de su vivienda.
25-10-2012
(Granada).- José Miguel Domingo de 54 años fue hallado muerto por su hermano
en su vivienda, contigua al pequeño negocio que regentaba. Al morir sus padres
los hermanos de Domingo, le cedieron el inmueble para fines particulares y
comerciales. Acuciado por las deudas solicitó una hipoteca que avaló con su
herencia. Nadie de su entorno conocía la grave situación de José Miguel que se
ahorcó tras recibir la noticia de desahucio.
9-11-2012
(Barakaldo).- Amaia Egaña de 53 años, dedicada en otro tiempo a la política,
se arroja por la ventana de su vivienda situada en un cuarto piso, cuando la
comisión judicial/policial iba a desahuciarla.
12-11-2012
(Hospitalet de Llobregat).- M.P. de 45 años, electricista de
profesión, sin recursos iba a ser desalojado de la vivienda de ADIGSA que había
ocupado con su mujer y su hija menor de edad y se enfrentaba a una demanda
económica de 9.000 Euros presentada por la empresa pública. La Asociación de Vecinos Carmen Amaya
había intentado ayudar a la familia sin éxito. Preocupado por la situación de
su familia M.P. contactó con los servicios sociales para ser admitidos en un
albergue puesto que “hacía mucho frío para acabar tirados en la calle”, pero la
ayuda le fue denegada. Tras citar al presidente de la Asociación de Vecinos en el
parque público de Las Setas, se colgó de un árbol cercano, antes de que este
llegara.
16-11-2012
(Córdoba).- Ricardo G.M. 50 años se arrojó desde la
2ª planta de la vivienda en la que residía en régimen de alquiler, que no podía
pagar y que aunque según los vecinos su familia conocía los hechos le negaron
ayuda.
28-11-2012
(Santesteban, Navarra).- Un hombre de 59 años se
suicidó antes de que se llevará a cabo el desahucio judicial de la vivienda ordenado
por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Pamplona, en la que residía, debido
al impago de alquiler por valor de 4.200 euros.
9-12-2012
(Peñafiel, Valladolid).- una mujer de 62 años se
arrojó por la ventana de su vivienda por impago de alquiler.
14-12-2012
(Malaga).- Dolores García de 52 años se arrojó
desde el balcón de su apartamento 3 días después de recibir la orden de desahucio
por impago de hipoteca. Dolores había solicitado el préstamo bancario, avalado
con su vivienda, para abrir un negocio, un estanco, que no funcionó. García
vivía con su madre de 96 años enferma de Alzheimer, recibió la ayuda de sus
amigos, que habían organizado una colecta. En el registro de la vivienda tras
la muerte de Dolores, se encontró una carta con instrucciones detalladas para
facilitar el cuidado de su madre.
25-10-2012
(Valencia).- Manuel G.B. de 53 años, se lanzó al vacío
desde un segundo piso, cuando iba a ser desahuciado. Tras escuchar como la
comisión judicial llamaba a la puerta y antes de intentar suicidarse Manuel, le
dio un beso a su hijo. Resultó herido.
En 2011 Mohamed Aziz tras ser expulsado de
manera forzosa de su casa por parte de CatalunyaCaixa, inició un proceso de
denuncia que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El 8 de noviembre de 2012 Juliane Kokott,
Abogada General del citado Tribunal de Justicia, emitió un dictamen que
consideraba que la ley española relativa a los desahucios viola la directiva
93/13 de la Unión Europea.
La ley hipotecaria española vigente, aunque
con alguna modificación reciente, es un decreto del 8 de febrero de 1946 que
pretendía modernizar el sector inmobiliario y financiero y el papel de los
notarios, derogando la ley de diciembre de 1909.
Ante las protestas masivas y la alarma social
las propias entidades financieras paralizaron temporalmente los desahucios pero
ni el gobierno, la oposición, el resto de formaciones con representación
parlamentaria o los responsables del sistema bancario privado parecen decididos
a encontrar una solución definitiva: el dinero publico continua fluyendo hacia
las arcas privadas y nadie acepta su responsabilidad o se dicta sentencia
alguna.
El siguiente paso será la puesta en marcha
del llamado Banco Malo, que englobará los activos inmobiliarios tóxicos
acumulados por las entidades bancarias.
Pero para que El Banco Malo pueda ponerse en
marcha lo antes posible se han incrementado las ejecuciones hipotecarias y los
desahucios, con el fin de liberar las viviendas, entregarlas a los bancos y que
estos…reciban más ayudas públicas.
Una vez concluido este proceso, El Banco Malo
deberá invertir una gran suma de dinero en derribar y derruir buena parte de
los edificios que formaran parte de sus activos, puesto que tras años de
abandono o simplemente por tratarse de proyectos paralizados, las estructuras
se han deteriorado de tal forma que resulta imposible destinarlas como
vivienda, puesto que no reúnen las condiciones técnicas adecuadas.
Eso sí, El Banco Malo todavía no funciona
pero en estos días se ya se hablaba en las redes sociales de un antiguo
Ministro de Gobernación con Franco, que tal vez sea un consejero importante de
la entidad y que presuntamente podría cobrar 600.000 euros anuales.
Nadie acepta su responsabilidad y algunos
incluso justifican lo que sucede. El pasado 18 de diciembre de 2012 el Obispo
de Segovia, Ángel Rubio Castro afirmaba que no existe una relación probada
entre los desahucios en España y los suicidios conocidos en los últimos meses.
La Iglesia Católica Española, no solo recibe
suculentas partidas económicas de dinero público o está exenta de tributar
impuestos sino que ha desahuciado a algunos de los inquilinos que alquilaron
vivienda en los numerosos edificios que posee.
Cada caso es mucho más que una estadística,
es una historia, suma de sueños rotos e injusticia social.
Dicen los expertos internacionales que tardaremos 25 años en recuperar el nivel que teniamos antes de la crisis...
Alguien debería pagar por tanto dolor, por
destrozar nuestro futuro, por negar la evidencia…a mi mente acuden muchos
nombres, pero parece que La Justicia para ellos es un concepto que si no pueden
manipular para que les favorezca no les interesa.
