Y como llevo haciendo desde el principio de esta semana he decidido ignorar el debate, la pretendida información que un bando en concreto ofrece y con el fin de evitar que mi presión sanguínea se eleve hasta límites que resultarían peligrosos para mi integridad, cambio de canal, me decanto por un nuevo episodio de Los Pingüinos de Madagascar y empiezo a relajarme.
Desde que empezó esta larga y dramática crisis, el enfrentamiento verbal en el país es cada vez más difícil de tolerar.
Que los políticos se enfrenten verbalmente en el Congreso de Los Diputados y en los Parlamentos y Foros Autonómicos, lo puedo entender hasta cierto punto.
Pero que ese enfrentamiento, esa polarización, la lleven a cabo los miembros de la prensa, que se supone que deben informar y tratar de ser imparciales, raya en la náusea.
Y lo peor es la capacidad que políticos e informadores han desarrollado para ignorar la realidad, los datos históricos, en suma la verdad.
Esta semana en particular esta actitud ha alcanzado límites que si no fuesen reales y constatables resultarían dignos de un guion de ciencia ficción de bajo presupuesto y peor factura.
A principios de semana Juan Carlos I sorprendió al país anunciando su abdicación en la figura de su hijo Felipe de Borbón y Grecia.
Y de ahí a la locura colectiva ha faltado poco. Los dos bandos, las dos facciones, los dos sectores se dividen en:
-quienes están a favor de un nuevo sistema político tachados de locos, frikis, irresponsables, traidores a la patria, ciudadanos cuya salud mental debería ser sometida a diagnóstico.
-quienes a pesar de estar en 2014 cuando escuchan la palabra República reaccionan de forma visceral recitando una lista interminable de conceptos que van desde la anarquía y el radicalismo violento, a la Revolución de Octubre de 1917.
El segundo sector olvida que estamos en 2014 no atiende a razones, al menos las que no sean las propias. Anclados en el inmovilismo, compable con el derecho consuetudinario, no aceptan cambios de guion.
Su argumento aparentemente débil y simple en realidad encierra una gran perversión de pensamiento.
Simple y llanamente “para que cambiar lo que a ellos les parece cómodo y seguro, para que aventurarse en terrenos que no les ofrecen garantías de que podrán dominar la situación…”
Por lo visto sus logros son demasiado valiosos, tanto que no están dispuestos a arriesgar lo que tienen.
Desde 1977 esa perversión inmovilista que un amplio sector defiende con argumentos tan complejos y maduros como “porque yo digo que no, porque es que no …” goza de un estado de salud optimo en España.
Conducir al país a través de la senda de la Transición tras la muerte del dictador Franco, fue un ejercicio de equilibrios y filigranas, digno de un diseño de encaje de bolillos complejo y preciosista.
Pero ese virtuosismo socio político, siempre avanzó acompañado de un lado oscuro. Cada vez que un sector proponía nuevos avances el poder establecido exageraba los peligros que nos acechaban en cada recodo del camino: los conflictos gravísimos para un joven sistema, mención velada de una nueva guerra civil.
Tras el 23-F un hecho que consolidó la voluntad democrática, España no avanzó y la ciudadanía permitió que el discurso paternalista de las Instituciones les convenciera de su eterna minoría de edad ideológica, de su escasa preparación para enfrentar los desafíos futuros y de la necesidad de que los Partidos Políticos Mayoritarios se hiciesen cargo del país y de los ciudadanos.
Y aquí estamos.
Inmersos en una crisis económica, social, política y moral que nunca sabremos si se hubiese evitado adoptando medidas renovadoras como en su día hicieron otros países, porque persiste el discurso que presenta los cambios como altamente peligrosos.
Quienes se han convertido en dueños y señores de nuestras vidas y haciendas nunca han tenido tiempo, nunca han encontrado el momento oportuno para cambiar, mejorar y actualizar las normas que nos rigen.
Ahora que un amplio sector levanta la voz pidiendo expresar su opinión a través de un referéndum, el sector contrario acostumbrado a decidir, hacer y deshacer, nos dice que es mejor no protestar ni insistir en esos cambios porque no resulta oportuno.
Quienes han ostentado y ostentan el poder avisan que insistir en esas consignas a favor de un cambio, de una reforma lo único que consiguen es que la situación actual empeore
La abdicación del Jefe del Estado ha resucitado los argumentos del riesgo que entraña pedir un cambio.
Que España sea más democrática y esté más preparada para enfrentar este nuevo siglo, no depende de si continuará siendo monárquica o si por el contrario será republicana.
Holanda, Gran Bretaña o Suecia son países de monarquía parlamentaria y ejemplo de democracia.
Alemania, Italia (repúblicas parlamentarias) y EEUU o Francia (repúblicas presidencialistas) son países democráticos.
Un sistema político republicano (parlamentario o presidencialista) o una monarquía (parlamentaria) no contienen en sí mismos todas las soluciones o la efectividad ante desafíos económicos, sociales y globales.
Pero lo que resulta obvio es que estamos ante una situación crucial cuyo arbitraje encontramos en la propia Constitución Española.
El artículo 92 de la Carta Magna recoge que
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados
Por tanto es posible someter a referéndum la opinión del pueblo sobre si la mayoría quiere que la Jefatura del Estado siga siendo una Monarquía o si prefiere una República, presidencialista o parlamentaria.
En función del resultado el pueblo español podría alcanzar definitivamente la mayoría de edad que desde hace siglos se le ha negado.
En caso de que la mayoría del pueblo español aceptase continuar bajo una monarquía parlamentaria, el nuevo monarca debería comprometerse a llevar adelante una serie de enmiendas en su reinado:
-recordar que el rey no puede opinar (algo que en demasiadas ocasiones ha hecho Juan Carlos I interviniendo incluso en determinadas decisiones)
-que urge modificar el artículo referido a la sucesión regia que prima al varón sobre la mujer, herencia de la Ley Sálica borbónica que nos lastra como país pretendidamente progresista en foros internacionales
-una mayor transparencia sobre las finanzas de la casa real
-la redefinición jurídica de la inviolabilidad de la figura real.
En caso de que la mayoría del pueblo español optase por una república, está claro que el proceso debería ser concienzudo y objetivo.
El Monarca podría continuar con sus tareas, teniendo claro que pasado un periodo de tiempo, conocido como Proceso Constituyente, debería dar paso a la nueva realidad política.
Por tanto, aunque negar la posibilidad de este referéndum se enmarca dentro de la legalidad constitucional, lo más honrado sería que el Jefe del Estado y los representantes de la ciudadanía que forman parte del Congreso de Los Diputados dijeran públicamente
“vosotros podéis protestar hasta que os quedéis sin voz, porque a nosotros no nos da la gana, no nos apetece, no se nos pasa por la imaginación convocar este referéndum que demandáis…A¿para qué cambiar lo que a nosotros, la oligarquía, quienes ostentamos el poder nos favorece y hace que nuestra vida sea cómoda y tranquila?”
De momento, el próximo 19 de junio la votación en el Congreso de los Diputados que revalidará la Ley Orgánica elaborada con prisas para normalizar la sucesión real, no será secreta, sino que los diputados tendrán que votar en voz alta, no podrán escudarse en el voto secreto.
Será una buena ocasión para saber quién dice que y como lo dice.
Y como no se celebrará ese referéndum, como quienes ostentan el poder no están dispuestos a reconocer que el pueblo es mayor de edad y tiene derecho a decidir sobre lo que quiere y le parece más conveniente, me dedicaré a reflexionar en voz alta en este espacio sobre la historia contemporánea de este país, que a pesar de su clase política y sus gobernantes merece la pena, porque su gente es maravillosa.
Blanca Fernández
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