Existen situaciones y realidades que las
mires como las mires, no importa el ángulo ni la distancia o la perspectiva, a
la hora de contarlas, exponerlas o analizarlas resultan sencillas.
Somos nosotros los que las complicamos hasta
el infinito de forma que se convierte en un auténtico laberinto dialectico del
que resulta difícil, por no decir imposible, salir.
Habitualmente quienes complican estas
situaciones, de forma que Kafka sería considerado un aprendiz poco aventajado,
son quienes deberían ofrecer las soluciones.
Su capacidad de crear problemas en áreas nada
complejas es proporcional a su incapacidad para comprender la realidad que les
rodea.
Imagino que ya habéis comprendido que me
refiero a nuestr@ legislador@s, que cada vez que piensan en una solución
empeoran el problema que inicialmente era simple.
La necesidad que presenta un amplio sector de
la población de ayuda y cuidado para llevar a cabo los más simples actos de la
vida cotidiana, dentro y fuera del lugar habitual de vivienda es cada vez más
patente.
Pero las necesidades de este amplio sector no
se limitan a una parte de su vida. En ocasiones sus limitaciones empiezan en
los primeros estadios de la vida, en ocasiones a edad temprana por enfermedad o
accidente, en ocasiones como parte del proceso de envejecimiento humano.
Desafortunadamente estas necesidades reales y
dolorosas no siempre, por no decir nunca, son resueltas de forma adecuada.
No fue hasta 1999 que se habló por primera
vez de forma oficial de lo que sucede en nuestro país con ese sector de
población que necesita apoyo y ayuda.
En ese año los resultados de la Encuesta Sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud,
revelaron que
el 9% de la población presenta discapacidad o limitación que causa o puede
causar dependencia para actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo
para su autonomía personal.
Pues nada, ya sabíamos que el problema
existía y también sabíamos que era necesario encontrar soluciones.
El 2 de diciembre de 2003 nace la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Las primeras líneas dejan entrever que la
situación para quien ha tenido la idea de redactar la ley no sería tal de no
ser por ciertas circunstancias.
El problema requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada
al actual modelo de nuestra sociedad (…) No hay que olvidar que hasta ahora han
sido las familias, en especial las mujeres, las que tradicionalmente han
asumido el cuidado de las personas dependientes constituyendo lo que se ha
llamado “apoyo informal”.
Hasta aquí nada raro ¿verdad? Exacto, lo
mejor viene ahora.
“Los cambios en el modelo de familia y la incorporación
progresiva de casi tres millones de mujeres en la última década al mercado de
trabajo introducen nuevos factores en esta situación y hace imprescindible una
revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada
capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan. El
propio texto constitucional en sus artículos 49 y 50 se refiere a este tema”.
¿Acaso me están diciendo Sus Señorías que de
no ser por la incorporación de la mujer al mercado laboral, el tema de La
Dependencia ni se hubiese planteado?
Pues parece que sí. O al menos así lo
entiendo yo.
En octubre de 2003 se aprobó en el Pleno del
Congreso de los Diputados la Renovación del Pacto de Toledo, con una
Recomendación Adicional 3ª que expresaba que “resulta por tanto necesario configurar un
sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad el fenómeno
de la dependencia y la Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que
se recoja la definición de dependencia, la situación
actual de su cobertura, los retos previstos y las
posibles alternativas para su protección”.
Pacto de Toledo…algo que nos lleva
en el tiempo a 1995 cuatro años antes de que se realice la encuesta que
reconoce que el 9% de la población del país necesitaba ayuda y cobertura para
su vida cotidiana.
El 6 de abril de 1995 se aprueba en
pleno el documento que previamente había aprobado la Comisión de Presupuestos
el 30 de Marzo del mismo año, referente al “análisis de los problemas estructurales del
sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán
acometerse”
Entre
1987 y 1993 tanto el Banco Mundial como otros organismos aconsejaban reformas económicas
que en un principio fueron positivas.
En
1995 gobierna el PSOE y muestra desgaste y debilidad política empeorada por la
crisis que llevará en menos de un año al poder al PP.
Lo
que provoca esta crisis es “un descenso de las aportaciones y el incremento de los
gastos del sistema”. En ese periodo de crisis “numerosas empresas apostaron por la
jubilación anticipada para reestructurar sus entramados productivos, se
produjeron numerosos despidos, la población envejeció, el desempleo agrario
aumento, se descubrió un alto grado de fraude en las cotizaciones...”
y por tanto para las principales fuerzas políticas “se
sometía a presión al sistema de
pensiones”
Pero
antes de la Revisión del Pacto de Toledo en 2003, concretamente en 2002
coincidiendo con la Presidencia Española la Unión Europea decide tres criterios
que deben regir las políticas de dependencia de los estados miembros
-universalidad
-alta
calidad
-sostenibilidad
en el tiempo de los sistemas que se
implanten.
Tanto la OMS, el
Consejo de Europa y la UE han puesto de relieve en numerosos documentos y decisiones
el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia.
El 13 de
diciembre de 2003 las Conclusiones del Informe de la
Subcomisión Sobre El Estudio de la Situación Actual de la Discapacidad
coinciden en la “necesidad de configurar un sistema integral de la dependencia desde
una perspectiva global con la participación activa de toda la sociedad”.
Todo son palabras
bien redactadas, bien intencionadas pero palabras al fin y al cabo.
Si en 1999 se
apuntaba a la incorporación femenina al mercado laboral como punto inicial para
el reconocimiento del problema (la mujer ya no puede cuidar a tiempo completo a
quienes lo necesitan) en 2006 se amplía la lista de razones para justificar la
creación de La Ley de Dependencia como por ejemplo
-cambios
demográficos que producen el incremento progresivo de la población en situación
de dependencia,
-aumento del
colectivo de población con edad superior a 80 años (se denomina envejecimiento
del envejecimiento),
-razones de
enfermedad
-cambios
producidos en las tasas de supervivencia en determinadas enfermedades crónicas
y alteraciones congénitas
-también por las
consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.
La llamada Ley de
Dependencia de 2006 define los aspectos más básicos de la atención al sector de
la población que necesita atención y cuidados permanentes que les permita una
participación plena en la vida cotidiana, pero por encima de todo garantice
calidad de vida y un futuro asegurado y seguro.
Se definen los
grados de dependencia, quien o quienes deben establecerlos, como se accede al
sistema que plantea la ley.
A la hora de definir quién tiene la competencia para administrar los recursos destinados a tal fin, se deja el tema en manos de las Comunidades Autónomas.
El capítulo más
reciente llega el
-10 de julio de
2012 con el Acuerdo del Consejo Territorial para mejora del sistema para la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
-que
se convierte tres días más tarde, el 13 de julio, a través del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en una resolución de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, (que ostenta Juan Moreno Bonilla) por
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia
-y finalmente se hace
oficial el Viernes 3
de agosto de 2012 BOE-A-2012-10468
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 185 Sec. III. Pág. 55660
Hace solo
9 meses y 18 días que Mariano Rajoy Brey ha llegado a la presidencia del
gobierno y ya conoce la dimensión de la crisis económica a nivel nacional,
europeo y mundial.
Todavía
no se escuchan las voces que afirman que la austeridad económica no es el
camino. Grecia aún no ha visto lo peor de la crisis, a pesar de haber
experimentado momentos amargos. La economía de Chipre no ha caído. Pero
Alemania sigue exigiendo más sacrificios a los llamados PIGS los primos pobres
del Sur de Europa entre los que se encuentra España.
Y
empiezan los recortes. El desmantelamiento del país. El sálvese quien pueda.
Los escándalos
económicos se suceden vertiginosamente, pero el mensaje es claro.
Nadie
asume su responsabilidad. Nadie dirá en voz alta es culpa nuestra hemos
gestionado la situación mal. Nadie.
Solo se
nos cuenta que por el bien común debemos sacrificarnos los de siempre. No los
de arriba. Los de abajo.
Y en
medio de este desastre quedan quienes esperaban tanto de una ley que permitiría
teóricamente que su vida fuese mejor, que el mundo no sería una prisión sino
una atalaya desde la que ver y disfrutar y elegir dónde y cómo participar de la
vida cotidiana.
El
motivo principal para estos recortes es de nuevo económico.
Se
estima que entre 2007-2011 se ha invertido una cantidad de dinero que no ha
dado los resultados esperados. Miles de expedientes siguen sin salir adelante,
miles de Dependientes aún no han sido evaluados y lo más importante las
previsiones acerca del número de afectados previstos al inicio de 2007 en
realidad es el doble.
Por otra
parte la diferencia entre comunidades autónomas en la gestión y distribución de
recursos destinados al cumplimiento de esta Ley de Dependencia es abismal.
En esta
publicación oficial se habla de gestión transparente, de regulación de horarios
de las prestaciones…
Lo que
olvidan, lo que han olvidado en todo momento l@s legisladores que han redactado
estas medidas y contramedidas es…
-que l@s dependientes lo son las 24 horas del día, siete
días a la semana, 365 días al año
-que las familias y el entorno de l@s dependientes viven
el problema las 24 horas del día, siete días a la semana, 365 días al año
-que es necesario, imprescindible, urgente formar a
profesionales de la sanidad y el trabajo social que proporcionen las atenciones
que necesitan los pacientes.
-que no se puede cuantificar lo que cuesta una vida
humana, porque no cotiza en bolsa.
-que negar a l@s dependientes cualquiera de sus derechos
está fuera de la ley
-que no se puede perder más tiempo en evaluar cada caso y
proceder a solucionarlo.
Las excusas en este caso no son bien recibidas. No
importa si l@s contribuyentes vivimos más, si la población ha envejecido, si la
medicina ayuda a que nazcan bebes que décadas atrás no hubiesen sido viables,
si los enferm@s crónic@s viven más, si hay accidentes viales que incrementan el
número de afectad@s que precisaran asistencia o si la siniestralidad laboral
debido a la falta de escrúpulos de los contratadores disminuye el número de
cotizantes y aumenta el número de dependientes.
No hay excusa. Ninguna. No pueden seguir improvisando. No
pueden castigar a l@ más vulnerables por sus errores de cálculo. No se trata de
macroeconomía, se trata de historias personales e intransferibles que afectan a
pacientes, familias y amigos.
Cuando una sociedad no está preparada para cuidar de los
suyos no puede llamarse sociedad.
Tal vez grupo de individuos que conviven. Pero no
sociedad.
Hemos retrocedido a la edad más oscura de la humanidad.
El sistema de pensiones se estableció a principios del
siglo XX, con grandes esperanzas para la hacienda pública porque la esperanza
de vida de los obreros era reducida.
El fondo de la cuestión no reside en recortar pensiones,
ni destrozar el sistema público. El fondo de la cuestión reside en reactivar el
mercado laboral, aligerar las tasas de paro y dar aire a la economía del país.
Somos conscientes de que la labor del gobierno no consiste
en crear puestos de trabajo, pero también sabemos que su trabajo es para
empezar, ser sincero con la población.
Aceptar responsabilidades y actuar en consecuencia.
Esto no es una tienda en la que puedan entrar y destrozar
lo que encuentren en las estanterías.
Aquí lo que se rompe se paga.
Así que empiecen a pagar ya. Por una vez háganse cargo de
esta factura.
Si son capaces de reactivar la ley, de volver al punto de
partida y mejorar la calidad de vida de l@s dependient@s y sus familias,
entonces es más que probable que sean capaces de reactivar este desastre.
De ustedes depende. Les quedan dos años de legislatura.
